La Campaña Saca Tarjeta Roja al Maltratador-edición argentina 2011-2012- se convierte en una herramienta para visibilizar y erradicar esta grave violación a los derechos humanos.
La campaña: “Saca Tarjeta Roja al Maltratador”-Edición Argentina 2011/2012-, contribuye al cumplimiento de las leyes que garantizan una vida sin violencia, promoviendo la Equidad, Igualdad de Trato y Oportunidades entre todas las personas.
Contexto y antecedentes
La campaña: “Saca Tarjeta Roja al Maltratador”-Edición Argentina 2011/2012-, contribuye al cumplimiento de las leyes que garantizan una vida sin violencia, promoviendo la Equidad, Igualdad de Trato y Oportunidades entre todas las personas.
Contexto y antecedentes
La violencia machista MATA
La violencia de género es la violación a los derechos humanos más antigua y frecuente en el mundo, afecta gravemente las capacidades y posibilidades de desarrollo individual, social y laboral de mujeres, niñas y niños.
En coincidencia con los principios de Naciones Unidas (Campaña UNITE) y con los compromisos que la Argentina y otros países han asumido en Conferencias y Tratados Internacionales en los últimos treinta años.(CEDAW, Belém do Pará) tomamos los principios y acuerdos de IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), que especifica que “ la estrategia para avanzar íntegramente en la búsqueda de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, es la incorporación sistemática de la dimensión de género como eje transversal en la promoción del desarrollo humano en sus respectivos planes de acción.” “… .
… De esta manera se trata de conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas y de los programas en las esferas política, económica y social, de manera que puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad.”
Además de la implementación de políticas públicas por parte del gobierno nacional, los responsables de los gobiernos provinciales y municipales se han comprometido a impulsar políticas activas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, efectivizando el cumplimiento de normas constitucionales.
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